La ministra de Trabajo argumenta que la operación va a “reforzar todavía más” el oligopolio financiero en España, supondría unos 5.000 despidos por el cierre de oficinas, agudizaría el riesgo sistémico además de aumentar la exclusión financiera. Además, ha tildado de “error mayúsculo” hacer esta operación en contra de todo el tejido económico, social, cultural, sindical catalán y ha animado a las patronales empresariales a expresar su opinión, al considerar que la OPA va en contra de los intereses mayoritarios de España
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