El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el que inicialmente se conoció como caso Koldo destripa una operativa para el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que se prolongó durante toda una década. De un lado, un ministro, su asesor y el secretario de Organización del PSOE. Del otro, una docena de empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes; en concreto, del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y de la Dirección General de Carreteras.
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