La crisis de vivienda empuja a residentes y temporeros a vivir sobre ruedas mientras la reciente ley estrecha el cerco sobre ellos. Los vehículos que vayan a la isla y no estén registrados tendrán que pagar un camping, que cuestan unos 1.800 euros al mes. "Aunque hay personas de todo tipo, la mayoría de las que viven en caravanas son trabajadores de temporada de la industria turística". "Han conseguido que la opinión pública relacione al trabajador con vehículo-vivienda con asentamientos o chabolismo. Lo mismo ocurre con el turista itinerante".
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