Introducción
En el panorama político español de octubre de 2025, la fragmentación del espacio progresista contrasta con la creciente consolidación de las fuerzas ultraconservadoras. La dispersión electoral de las izquierdas no es meramente un problema aritmético, sino una crisis de proyecto político que amenaza con entregar las instituciones a quienes buscan desmantelar décadas de avances en derechos sociales, laborales y civiles.
El Coste electoral de la dispersión
La atomización de las fuerzas progresistas se traduce en una sangría constante de escaños y poder institucional. El sistema electoral español, con su fórmula D'Hondt y circunscripciones provinciales, penaliza especialmente la división. Mientras el bloque conservador optimiza sus resultados presentándose de forma cohesionada o con pactos claros, la izquierda pierde representación provincia tras provincia por la multiplicación de candidaturas.
Las consecuencias son tangibles: gobiernos autonómicos y municipales que podrían ser progresistas quedan en manos de coaliciones de derechas por diferencias de pocos miles de votos. Diputados que se pierden en provincias pequeñas por décimas porcentuales. Políticas públicas que no se implementan porque la suma de votos progresistas, siendo mayoritaria, no se traduce en mayoría parlamentaria.
Influencia en la toma de decisiones
La fragmentación no solo afecta a los resultados electorales, sino a la capacidad real de incidir en las decisiones que transforman la vida de la ciudadanía. Un espacio político dividido es un espacio político debilitado, incapaz de articular mayorías estables que impulsen reformas estructurales.
La experiencia reciente demuestra que los avances más significativos en derechos laborales, justicia fiscal, transición ecológica o políticas de igualdad se han logrado cuando las fuerzas progresistas han sido capaces de superar sus diferencias y acordar agendas comunes. Por el contrario, la división interna consume energías en disputas estériles mientras las urgencias sociales quedan sin respuesta.
La capacidad de negociación frente a otros actores políticos, sociales y económicos también se ve mermada. Un frente unido de izquierdas puede establecer líneas rojas claras y defender con firmeza sus propuestas. La dispersión, en cambio, invita a estrategias de división y debilitamiento por parte de quienes no comparten el proyecto transformador.
Una propuesta vertebradora: plural y progresista
La unidad de las izquierdas no puede ser un ejercicio de uniformidad que diluya identidades políticas legítimas. Debe construirse desde el respeto a la pluralidad, reconociendo que diferentes tradiciones y sensibilidades enriquecen el proyecto común. La convergencia no implica renunciar a matices, sino jerarquizar prioridades y distinguir lo fundamental de lo accesorio.
Una propuesta vertebradora debe articularse sobre ejes programáticos claros:
Justicia social y económica: Defensa de los servicios públicos universales, redistribución de la riqueza mediante una fiscalidad progresiva, protección del Estado del bienestar frente a los recortes y privatizaciones. Garantía de derechos laborales dignos, salarios suficientes y protección social robusta.
Derecho a la vivienda: Reconocimiento de la vivienda como derecho fundamental y no como mercancía especulativa. La crisis habitacional se ha convertido en la principal preocupación de amplias capas sociales, especialmente jóvenes y familias trabajadoras. Una propuesta progresista debe incluir la construcción masiva de vivienda pública en alquiler asequible, regulación efectiva del mercado para evitar la especulación, limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, tributación más elevada para grandes tenedores y viviendas vacías, y recuperación del parque público mediante compras estratégicas. Sin solucionar el acceso a la vivienda, cualquier proyecto de país se vuelve inviable para millones de personas.
Transición ecológica justa: Reconocimiento de la emergencia climática como prioridad política, acompañada de medidas que aseguren que el coste de la transición no recaiga sobre las clases trabajadoras. Apuesta decidida por energías renovables, transporte público, rehabilitación de viviendas y modelo productivo sostenible.
Derechos civiles y libertades: Blindaje de conquistas en igualdad de género, derechos LGTBIQ+, memoria democrática y libertades fundamentales. Oposición frontal a cualquier retroceso en derechos consolidados.
Democracia participativa y territorial: Profundización democrática mediante mayor participación ciudadana, transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y respeto a las diferentes sensibilidades territoriales dentro del marco constitucional o mediante su reforma democrática.
Política exterior solidaria: Compromiso con los derechos humanos, el derecho internacional y la cooperación frente a las lógicas militaristas y los bloques imperialistas.
Este programa común no necesita borrar las especificidades de cada fuerza política, pero sí exige disciplina en lo esencial: cuando las instituciones estén en juego, cuando los derechos fundamentales sean atacados, cuando las políticas neoliberales amenacen el bienestar colectivo, la respuesta debe ser unitaria.
La movilización como imperativo
El crecimiento de la extrema derecha en España no es un fenómeno aislado, sino parte de una ola reaccionaria que recorre Europa y América. Su discurso, basado en la xenofobia, el machismo, la negación de derechos y el autoritarismo, representa una amenaza real para la democracia.
El fascismo del siglo XXI se presenta con traje y corbata, pero su esencia permanece intacta: la construcción de enemigos internos, el desprecio a los valores democráticos, la glorificación de un pasado mítico y autoritario, la persecución de minorías. No podemos subestimar su capacidad de contagio institucional ni su vocación de desmantelar todo aquello que nos hace iguales en dignidad y derechos.
Frente a esta involución, la movilización del electorado progresista es urgente. Pero movilizar no es solo llamar al voto cada cuatro años. Requiere:
Pedagogía política constante: Explicar con claridad qué está en juego, desmontar bulos y falacias, conectar las políticas concretas con la vida cotidiana de la gente. Hacer visible cómo las decisiones políticas afectan al bolsillo, al acceso a servicios, a las oportunidades vitales.
Presencia territorial: Recuperar la presencia en barrios, pueblos y centros de trabajo. La política no puede reducirse a debates televisivos y guerras de tuits. Se hace cuerpo a cuerpo, escuchando, dialogando, organizando.
Conexión con movimientos sociales: Sindicatos, organizaciones ecologistas, feministas, vecinales, juveniles, culturales... El cambio político no se construye solo desde las instituciones. La izquierda debe ser permeable a las luchas que emergen desde la sociedad civil.
Cultura de la esperanza: Frente al discurso reaccionario del miedo, construir narrativas de futuro. Demostrar que otro modelo es posible, que la transformación está a nuestro alcance, que juntos somos más fuertes.
Generosidad política: Abandonar la lógica del adversario interno. Reconocer que quien comparte el 80% de tu programa no es tu enemigo principal. Reservar la confrontación para quienes realmente representan proyectos opuestos.
Conclusión
La unidad de las izquierdas en España no es un lujo ni una opción táctica coyuntural. Es una necesidad histórica ante un momento de definición democrática. La correlación de fuerzas actual exige superar inercias, renunciar a maximalismos estériles y priorizar lo colectivo sobre lo particular.
No se trata de fusionar partidos ni de crear estructuras artificiales condenadas al fracaso. Se trata de establecer pactos claros de no agresión, de coordinación electoral donde sea necesario, de acuerdos programáticos en lo fundamental, de lealtad cuando se gobierna conjuntamente. Y sobretodo, que la confección de las candidaturas tienen que ser procesos 100% transparentes. Cuestión que hasta la fecha y sin excepción forma parte del Debe en el balance de todas las organizaciones políticas progresistas de izquierdas.
El electorado progresista español es mayoritario, pero está desmovilizado, fragmentado, desencantado. Recuperar su confianza implica demostrar que la política puede cambiar vidas reales, que las instituciones sirven para proteger a la mayoría frente a los privilegios de unos pocos, que la democracia es algo más que gestión tecnocrática.
La extrema derecha crece alimentándose del vacío que deja una izquierda ensimismada en sus disputas internas. Cada día que perdemos divididos es un día que ganan ellos para consolidar su proyecto involucionista. La historia nos juzgará no por nuestras diferencias de matiz, sino por nuestra capacidad de unirnos cuando todo lo importante estaba en juego.
El momento es ahora. La unidad, una responsabilidad ineludible. El futuro, por construir.
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