“Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley de vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas”, reprochó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Rodríguez avisó que de consumarse el rechazo supondría “estar renunciando a más de mil millones de euros”. “Es un coste que no sé si es capaz de asumir”. La transferencia del Estado que se vetaría en caso de no aplicarse el plan sería de 668 millones.
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El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda.
La condición, probablemente, sea que se aplique la ley de vivienda.