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PROGRAMA ELECTORAL

Nueve reformas para transformar España

España atraviesa una etapa de deterioro institucional, político y social que no es fruto de una circunstancia aislada, sino de décadas de inacción, mala gestión y falta de responsabilidad por parte de quienes han gobernado. Los partidos que se han alternado en el poder han demostrado una creciente incapacidad para afrontar los problemas estructurales del país. La corrupción, el clientelismo, el uso partidista de las instituciones y la ausencia de reformas de calado han convertido la política en un instrumento de conservación del poder, en lugar de un servicio orientado al interés general.

Tampoco las supuestas alternativas han ofrecido una ruptura real con ese modelo. Con frecuencia, terminan actuando como muletas de un sistema que dicen combatir, sosteniendo las mismas dinámicas y perpetuando las políticas que han contribuido al empeoramiento de la calidad de vida. Los ciudadanos ven cómo disponen de menos libertades, soportan una mayor inseguridad, pagan cada vez más impuestos y reciben, a cambio, unos servicios públicos que no dejan de deteriorarse. Frente a esta situación, defendemos un proyecto político basado en la soberanía nacional, la libertad individual, la igualdad ante la ley, la responsabilidad fiscal, la seguridad jurídica y la eficiencia de las instituciones.

El objetivo es construir una Administración que cumpla sus funciones esenciales, que proteja y sirva a sus ciudadanos y no que se sirva de ellos; que impulse la actividad económica en lugar de obstaculizarla; y que garantice unos servicios públicos eficaces y sostenibles, en vez de degradarlos.

1. Vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores crisis sociales y económicas de España. La oferta no crece al ritmo de la demanda, especialmente en las zonas con mayor actividad económica. Las  intervenciones públicas que han paralizado el desarrollo urbanístico, han encarecido artificialmente la edificación con trabas burocráticas y la desprotección legal ante el impago deliberado y la ocupación ilegal ha expulsado a miles de arrendadores del mercado del alquiler.

Nuestra propuesta devuelve la seguridad jurídica a los propietarios, a los inquilinos al corriente de pago, agiliza la liberación masiva de suelo urbanizable y fomenta la desconcentración territorial.

Medidas:

  • Liberar suelo público y privado para facilitar la construcción de nuevas viviendas, simplificando los procedimientos urbanísticos y agilizando las licencias.
  • Licencia rápida e intervenciones exprés: Simplificar el planteamiento urbanístico sustituyendo licencias previas por declaraciones responsables en obras de construcción.
  • Seguridad legal y desahucio exprés: Garantizar la recuperación judicial de la propiedad ocupada de forma ilegal o fraudulenta en un plazo máximo de 48 horas mediante procedimiento sumarísimo.
  • Contratos de alquiler indefinidos: Contrato normalizado de alquiler que proteja a los inquilinos que cumplen puntualmente con sus obligaciones, garantizando estabilidad residencial y seguridad contractual, que podrá rescindirse por venta, uso propio o impago.
  • Ley nacional de teletrabajo y establecer incentivos económicos para favorecer la localización de centros de trabajo en las provincias menos densamente pobladas. Impulsar así la desconcentración de la actividad económica, reducir la presión sobre las grandes ciudades y favorecer la revitalización de las zonas menos pobladas.

2. Inmigración

España ha recibido demasiados inmigrantes, no ha existido una política migratoria ordenada, selectiva ni un filtro adecuado sobre quién entra y en qué condiciones. Las regularizaciones masivas extraordinarias y la ausencia de controles efectivos en las fronteras han generado un efecto llamada devastador que alimenta a las redes mafiosas de tráfico de seres humanos, colapsa los servicios sociales de atención primaria y precariza las condiciones laborales en sectores no cualificados y aumenta la inseguridad en muchos barrios.

Como Estado soberano y garante de sus fronteras, España debe decidir con total autonomía quién entra en su territorio, bajo qué condiciones y exigiendo una integración en la sociedad receptora. La inmigración debe ser legal, ordenada y estrictamente vinculada a las necesidades del país y a su capacidad real de integración.

Medidas:

  • Modelo migratorio por puntos: Implantar un sistema selectivo basado en el perfil profesional, la titulación, la capacidad de emprendimiento y las carencias del mercado laboral nacional.
  • Blindaje de fronteras y lucha contra mafias: Incrementar los recursos materiales y jurídicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la persecución de redes de tráfico ilegal.
  • Acabar con el turismo fraudulento: exigir de forma efectiva medios económicos acreditados, un aval reembolsable a la salida y un seguro sanitario obligatorio a los viajeros extracomunitarios que entren sin visado, con denegación de entrada a quien no cumpla.
  • Expulsión rápida e inhabilitación: Procedimiento de repatriación inmediata y prohibición de reentrada para quienes ingresen ilegalmente o cometan delitos graves o reincidentes.
  • Integración obligatoria y pruebas cívicas: Exigir la superación de exámenes de idioma y leyes como requisito previo e indispensable para la residencia legal continuada.
  •  Restricción de reagrupación familiar: Limitar las concesiones únicamente al cónyuge e hijos menores, exigiendo solvencia económica probada del solicitante sin auxilio de subsidios.
  • Fin del efecto llamada y endurecimiento de nacionalidad: Exigir un mínimo de 10 años de residencia legal ininterrumpida, sin excepciones, y carencia absoluta de antecedentes penales.

3. Economía y Empleo

El crecimiento económico de España tiene pies de barro. El crecimiento reciente se ha basado en la expansión del empleo público, salarios precarios, el aumento del gasto presupuestario y la turistificación masiva, dejando a España expuesta a shocks externos y con un tejido industrial mermado.

Es imprescindible un giro radical hacia la competitividad, la innovación y la atracción de capitales. Reduciremos las trabas que impiden a las pymes ganar tamaño, acabaremos con el infierno regulatorio y eliminaremos el sesgo anti-contratación que suponen las elevadas cotizaciones sociales.

Medidas:

  • Plan Nacional de Reindustrialización: Priorizar la soberanía tecnológica, energética, agroalimentaria, farmacéutica y de defensa mediante créditos ICO.
  • Reforma del IRPF: Establecer una tarifa nacional de dos tramos que reduzca el tipo medio y haga que todos contribuyan en la medida de sus posibilidades. El mínimo exento se aplicará sólo por persona a cargo, con una cuantía muy superior a la actual, para incentivar la natalidad entre quienes pueden sostener a sus hijos sin depender de ayudas.
  • Reducir las cotizaciones a la Seguridad Social: Suprimir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto encubierto que encarece el empleo y carga sobre los trabajadores actuales el coste de las pensiones.
  • Fin del efecto umbral: Elevar a 250 trabajadores el umbral de las obligaciones administrativas que sufren las empresas y que hoy se activa a los 50 empleados.
  • Garantía de Unidad de Mercado: Licencia única válida en todo el territorio nacional: cualquier empresa habilitada en una comunidad podrá operar libremente en las demás.
  • Reducir la dependencia energética exterior: Fomentar la electrificación del transporte, la implantación de energías renovables, el almacenamiento, incrementar el número de interconexiones y prorrogar la vida útil de las centrales nucleares
  • Promover la competencia y combatir los oligopolios: Eliminar barreras de entrada, reducir licencias, requisitos y costes regulatorios innecesarios y perseguir acuerdos de precios, reparto de mercados y abuso de posición dominante.
  • Estrategia de Adopción masiva de IA y Automatización: Formación acelerada de trabajadores en competencias digitales y eliminación de trabas a startups tecnológicas, anticipando su impacto en el empleo.
  • Reforma integral del SEPE: Transformación en una agencia eficiente de intermediación laboral, orientación profesional y reciclaje de competencias, capaz de facilitar la transición de los trabajadores hacia los nuevos empleos.

4. Justicia

Un país con una justicia lenta es un país sin justicia. Los retrasos judiciales permiten que delincuentes reincidentes continúen cometiendo delitos mientras esperan juicio y que los propietarios sufran durante largos periodos la ocupación de sus viviendas. La constante injerencia del Gobierno en la Fiscalía General y la cuota partidista en la elección del Consejo General del Poder Judicial han minado la credibilidad del sistema ante los ciudadanos y los inversores.

Sin una justicia rápida e independiente no existe un verdadero Estado de Derecho. Reformaremos los órganos constitucionales para devolver la soberanía a los jueces, dotaremos a los juzgados de medios digitales avanzados y estableceremos plazos máximos de respuesta para poner fin a la impunidad procesal.

Medidas:

  • Elección directa del CGPJ por los jueces: Elección de los 12 vocales de procedencia judicial directamente por y entre los jueces y magistrados en activo, sin cuotas ni vetos de los partidos.
  • Despolitización de la Fiscalía General del Estado: Establecer la incompatibilidad absoluta para el cargo de Fiscal General a quien haya ocupado puestos políticos en los últimos 8 años.
  • Nombramientos por estricto mérito y capacidad: Supresión de la discrecionalidad política en la cobertura de plazas en el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia.
  • Plan de choque contra la mora procesal: Incremento de la plantilla de magistrados hasta alcanzar la media europea de jueces por habitante y digitalización total del expediente.
  • Plazos máximos de resolución e indemnización: Establecimiento de tiempos límite fijados por ley para cada tipo de procedimiento con responsabilidad patrimonial en caso de retrasos.

5. Transparencia

La corrupción, el clientelismo en la adjudicación de fondos públicos y la falta de control sobre los grupos de presión han erosionado profundamente la legitimidad democrática. El uso indiscriminado del sector público institucional como una agencia de cobro de favores y la existencia de 'puertas giratorias' atentan directamente contra la libre competencia y la equidad.

Exigimos tolerancia cero frente al fraude y el malgasto. Impondremos una transparencia absoluta en las contrataciones estatales, endureceremos las penas por malversación y limitaremos la permanencia en cargos públicos de designación política para evitar la consolidación de redes clientelares.

Medidas:

  • Publicidad total y huella digital de contratos: Portal abierto de contratación donde figuren en tiempo real adjudicatarios, subcontratos, sobrecostes y titulares reales.
  • Registro de Lobby: Establecer un registro obligatorio de actividades de lobby y reuniones con cargos públicos.
  • Exigir declaraciones verificables de patrimonio e intereses a los altos cargos y responsables de contratación pública.
  • Prohibición de puertas giratorias: Ampliación del periodo de incompatibilidad a 8 años entre el ejercicio de responsabilidades regulatorias y el consejo de empresas del sector.
  • Proteger a los denunciantes de irregularidades: Evitar las represalias que sufren los denunciantes y establecer canales independientes de denuncia.
  • Endurecer las penas por corrupción: Aumentar las penas por financiación ilegal de partidos, prevaricación y malversación, estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y malversación de dinero público.
  • Limitación de mandatos políticos: Fijar en un máximo de dos legislaturas u 8 años la permanencia en el ejercicio de cargos públicos de carácter político.

6. Agilizar y Aligerar la Administración

España sufre un macro-Estado hipertrofiado, ineficiente y duplicado. La coexistencia de diecisiete legislaciones autonómicas, el crecimiento exponencial de empresas públicas sin fin estatutario y el laberinto burocrático actúan como un freno constante para el emprendimiento, además de devorar una porción inasumible de los impuestos de los contribuyentes.

La Administración pública debe redimensionarse para ser un facilitador agilizado, no un obstáculo normativo. Realizaremos una auditoría integral del gasto público, aboliremos organismos duplicados y aplicaremos el principio del silencio administrativo positivo para dinamizar la actividad socioeconómica.

Medidas:

  • Auditoría integral del gasto y cierre de organismos superfluos: Supresión inmediata de empresas públicas, fundaciones y organismos ineficientes, e integración/abolición del Senado.
  • Ventanilla única e interoperabilidad total: Que ninguna Administración vuelva a pedirte un documento que ya tenga otra. Implantación real del principio de 'Dato Único'.
  • Silencio administrativo positivo generalizado: Otorgamiento automático de licencias y autorizaciones si la Administración no responde en el plazo máximo de 30 días.
  • Evaluación del desempeño del empleado público: Implantación de complementos salariales vinculados a la productividad, atención al usuario y cumplimiento eficaz de objetivos.
  • Recuperación de estándares comunes estatales: Homogeneización de la legislación sectorial en sanidad, educación y mercado para evitar la fragmentación reglamentaria autonómica.
  • Suprimir las subvenciones públicas a las organizaciones sindicales. Los sindicatos deberán financiar su actividad ordinaria mediante las cuotas y aportaciones de sus afiliados y otras fuentes privadas legítimas, preservando su autonomía respecto de los poderes públicos.
  • Revisar las ayudas y subvenciones internacionales. Un Estado que no ha equilibrado sus propias cuentas no debe comprometer recursos que necesita para atender sus obligaciones internas, por lo que se revisarán su viabilidad y contraprestación obtenida.

7. Sanidad

El Sistema Nacional de Salud acusa un deterioro alarmante caracterizado por listas de espera inaceptables para consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas, la saturación sistemática de los servicios de urgencias y un déficit crítico de profesionales médicos en atención primaria. Esta deficiencia responde a la falta de planificación, la ineficiencia de gestión y la inequidad entre comunidades autónomas.

Es urgente garantizar la equidad en la atención al paciente en todo el territorio nacional, despolitizar la gestión sanitaria y dotar a la atención primaria de los recursos adecuados para actuar como filtro preventivo eficaz.

Medidas:

  • Tarjeta Sanitaria Única e Historial Clínico Nacional: Garantizar la plena atención médica y el acceso a la historia clínica electrónica interoperable en cualquier hospital de España.
  • Cartera común de servicios garantizada: Homogeneizar las prestaciones sanitarias públicas asegurando la misma calidad y fármacos en todas las comunidades autónomas.
  • Plan de refuerzo para la Atención Primaria: Asignación del 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria e incremento sustancial de plazas MIR en especialidades deficitarias.
  • Sistema transparente de gestión de listas de espera: Fijar plazos máximos garantizados por ley para intervenciones (máximo 60 días) e interconsultas (máximo 15 días).
  • Central de Compras Estatal: Centralización de la adquisición de medicamentos, alta tecnología e insumos sanitarios para lograr economías de escala y reducir costes.
  • Evaluación y Auditoría. Evaluar periódicamente los resultados de hospitales y centros de salud.

8. Pensiones

El sistema actual de pensiones de reparto está quebrado, dependiendo de inyecciones multimillonarias del Estado para abonar las nóminas corrientes. El desplome de la tasa de natalidad y la inminente jubilación de la generación del 'baby boom' hacen financieramente inviable el modelo actual, condenando a los jóvenes a pagar impuestos crecientes sin garantías de llegar a cobrar sus propias pensiones.

Afrontamos una reforma valiente y justa. Proponemos una transición gradual hacia un modelo mixto con mochilas individuales de capitalización garantizando la viabilidad del sistema para las generaciones del futuro. Cuanto más tarde se afronte una reforma estructural, mayor será el coste económico y social que tendrán que asumir las generaciones futuras.

Medidas:

  • Transición progresiva hacia la capitalización mixta: Implantar un modelo donde una parte sustancial de la cotización se acumule en una cuenta de patrimonio individual propiedad del trabajador.
  • Revalorización acotada de las pensiones: Incrementar las pensiones únicamente sobre la base de la pensión mínima, lo cual garantice el poder adquisitivo de los pensionistas sin hacer inviable su sostenibilidad.
  • Compatibilidad total entre jubilación y empleo: Permitir compatibilizar el cobro del 100% de la pensión adquirida con el trabajo por cuenta ajena o propia sin penalización alguna.
  • Separación estricta de cargas: Financiar las pensiones contributivas exclusivamente con cotizaciones, trasladando toda prestación asistencial o no contributiva a los Presupuestos Generales del Estado.
  • Mochila austríaca por trabajador: Fondo de indemnización y jubilación individualizado que acompaña al trabajador a lo largo de toda su vida laboral.

9. Educación

La educación en España padece las consecuencias devastadoras de constantes reformas ideológicas que han pulverizado los niveles de exigencia, han despojado de autoridad al profesorado y han desconectado la formación académica de las necesidades reales del entorno laboral global. Las disparidades regionales en el nivel de conocimientos de los alumnos son inaceptables.

Reivindicamos la cultura del esfuerzo, el mérito y la excelencia académica. Estableceremos contenidos verdaderamente comunes en todo el Estado, garantizaremos la neutralidad ideológica en las aulas y potenciaremos la Formación Profesional para generar empleo de calidad.

Medidas:

  • Currículo común y EBAU Única Nacional: Establecer un 80% de contenidos troncales comunes en todo el país y una prueba única de acceso a la universidad para garantizar la igualdad de oportunidades.
  • Refuerzo intensivo de materias STEM: Incremento de horas lectivas en matemáticas, ciencias, competencias digitales, comprensión lectora y economía básica.
  • Pruebas de evaluación externa a nivel estatal: Evaluaciones objetivas al finalizar cada etapa educativa para diagnosticar fallos y publicar rankings de calidad de los centros.
  • Eliminación total del adoctrinamiento en las aulas: Garantía de neutralidad ideológica en el material escolar y separación de la religión de las aulas.
  • Impulso a la Formación Profesional Dual: Vinculación directa entre centros de FP y empresas de sectores de alta empleabilidad con prácticas remuneradas garantizadas. Creación de itinerarios de formación profesional antes de los 16 años.
  • Fin de la promoción automática y autoridad docente: Exigencia de aprobados reales para la obtención de títulos académicos y refuerzo de la presunción de veracidad del profesorado.