"El deber de colaborar no puede transgredir la protección de datos. Y la constatación de los fallos en el programa de cribado, y la identificación de su origen, corresponde única y exclusivamente al SAS", explica en este texto remitido al gobierno andaluz.
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Y qué haya que decir esto!
Si la asociación tiene datos, dicen, que corrigen los de la Junta ¿cómo es que no los pueden facilitar para corregir?
De hecho, amama puede preguntar a esas mujeres si quieren que den sus datos a la junta
Y obviamente la asociación no está para eso, está para defender los derechos de las afectadas, no está para ayudar en la burocracia de un sistema mal gestionado.
Ya que no es una cesión de datos a un tercero sino a la administración que debe estar informada si algún dato no cuadra con los que tiene registrado.
- esos datos los tiene el SAS
- debe de hacerse una auditoria con ellos,
- recibir y atender las correspondientes reclamaciones por esta situación que se ha… » ver todo el comentario
- El SAS, tras la auditoría, tiene el dato de las 2.300 que no fueron notificadas.
La asociación dice que son 4.000, y lo que le han pedido de manera oficial es ese dato para comprobarlo ya que ese dato no lo tiene.
Eso no tiene nada que ver con las reclamaciones que puedan hacer si alguna está afectada por no recibir la notificación de no concluyente.
Estarán afectadas sólo las no concluyentes que fueran positivo, no el resto.
Era una trampa y no han caído en ella.
Una administración puede solicitar datos personales a una asociación de afectados por una enfermedad solo si se cumplen ciertas condiciones, como la obtención del consentimiento expreso y por escrito de los afectados, o si se ampara en una base legal que lo justifique. Las razones más comunes incluyen la salud pública (como el control de enfermedades), el ejercicio de sus funciones públicas o, en casos de emergencia, la protección de los intereses vitales de una… » ver todo el comentario
Una administración puede solicitar datos personales a una asociación de afectados por una enfermedad solo si se cumplen ciertas condiciones, como la obtención del consentimiento expreso y por escrito de los afectados, o si se ampara en una base legal que lo justifique. Las razones más comunes incluyen la salud pública (como el control de enfermedades), el ejercicio de sus funciones públicas o, en casos de emergencia, la protección de los intereses
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Ojalá Bonilla y los políticos españoles en general acertaran mejor al… » ver todo el comentario
Unos dicen que son 2.300 y otros que son 4.000, por lo que hay 1.700 casos en posible peligro que no sé cómo habrá sacado la asociación.
Estamos hablando de vidas humanas, por lo que algo habrá que hacer y esperar a un fallo judicial puede ser mucho tiempo, lo más lógico es que la asociación entregue los datos o interpele a las mujeres a que se dirijan al SAS.
Lo que no va a hacer la asociación es llamar a cuatro mil personas, una a una, para convencerles de firmar un papel de consentimiento de cesión de datos para que los burócratas se aclaren entre ellos.