La paradoja es evidente: uno de los objetivos de la vivienda protegida es evitar la especulación, pero aquí la realidad ha dibujado un escenario distinto, donde la "gente bien" ha encontrado una oportunidad de oro. Lo que debía ser un alivio habitacional se ha convertido en el foco de un escándalo mayúsculo. Lejos de estar habitada por personas en riesgo de exclusión, la urbanización ha sido calificada como un "asalto de la gente bien" al mercado protegido.
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Por algún extraño motivo los políticos no parecen tener ningún interés en solucionarlo.
Gente que necesita una vivienda y puede pagarla quedándose fuera por pasar de los límites de ingresos y gente que si que cumple todos los requisitos pero a quienes no les dan hipotecas los bancos por no tener suficientes ingresos.
Y luego tienes a chavales todavía estudiando en la universidad a quienes sus padres les han conseguido un piso protegido y que se quejan porque no lo pueden vender hasta que pasen X años y se tienen que conformar con alquilarlo en negro.
Así de claro, convierte al inquilino en un acreedor perpetuo y a la administración en un casero y esta no es su función.
La función de las gobiernos es legislar y gestionar, no convertirse en caseros.
Debería ser sólo una última salida de forma provisional para gente que tiene imposible la compra otra cosa es que en algunos casos se convierta en definitiva por las circunstancias.
Lo que hay que hacer es acabar de una vez con la corrupción y la especulación de la vivienda como un producto financiero.
Ahora bien, si un rojo de mierda dice por twitter una burrada, ya hay comisión en el Senado y al menos tres plenos de ciudades importantes y el del congreso debaten el tema.